Prostitución: un debate que no está cerrado - 3º parte

CONTINUACIÓN: Dos dirigentes de organizaciones que defienden los derechos de las prostitutas y dos académicas especializadas en el tema debaten acerca de si el comercio sexual es una actividad laboral como cualquier otra. Se excluye, por supuesto, la situación aberrante de las mujeres víctimas de las redes de trata. La discusión pasa por entender cuáles son las mejores políticas públicas para aquellas que eligen este camino. ¿Eligen? ¿O es humillante y sólo conlleva violencia de género? // MIRADAS AL SUR - Por Francisco Yofre (16/12/2012)

Pregunta 1: ¿Considera que la prostitución es un trabajo?
Pregunta 2: ¿La visibilización mediática de los casos de secuestro, trata y explotación sexual obstaculiza la visibilización de la cuestión de la prostitución? ¿Cómo repercute una en otra?
Pregunta 3: ¿Qué opina de la política de cierre de whiskerías? ¿Es efectiva? ¿Por qué?
Pregunta 4: ¿Qué debería hacer el Estado como política pública respecto a las prostitutas?

“Hay que atender a la diversidad de situaciones”

Bettina Castorino.
Secretaria Gral. de DD.HH. de la Defensoría General de la Ciudad.

1. La pregunta conlleva una encrucijada en la que se entrelazan el aspecto normativo y el empírico-social. En términos jurídicos, la República Argentina ha firmado tratados internacionales de derechos humanos mediante los que asume el compromiso de erradicar la explotación de la prostitución y, desde luego, la trata de personas.
También contamos con una ley nacional que prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución. Pero al mismo tiempo es importante destacar que la prostitución en sí no está penada como delito por ninguna ley argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es mi ámbito de Incumbencia, el Código Contravencional reprime y sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales fuera de los lugares permitidos, los que han sido establecidos mediante resoluciones del Poder Ejecutivo local en los bosques de Palermo. De otra parte, y este es el aspecto que hemos querido debatir en las jornadas que desarrollamos los días pasados en el Centro Cultural Rojas, las mujeres, travestis y personas trans que de un modo u otro han ejercido o ejercen la prostitución deben ser escuchadas por el Estado de modo previo a adoptar políticas públicas que las comprendan para evitar su victimización o re victimización. No se trata de un universo homogéneo de situaciones a abordar. No es idéntica la situación de la comunidad travesti, que sufre una feroz discriminación en punto al acceso al trabajo y a la salud, que la de las mujeres en situación de prostitución, universo que no debería homologarse como un todo uniforme, excepto en algunos aspectos que las perjudican a todas por igual: la persecución policial, el estado de vulnerabilización al que están sometidas, las dificultades para el acceso a la vivienda y a la salud pública.


2. En mi opinión, sin ser una experta en el tema de trata de personas, la visibilización de la temática es fundamental para generar conciencia colectiva a su respecto. De hecho, la indignación generalizada –que comparto– en torno de la sentencia dictada en el caso de Marita Verón da cuenta de ello. Claro que el manejo mediático que se hace del asunto, e incluso de parte de algunos dirigentes políticos y funcionarios públicos, puede generar una peligrosa confusión entre situaciones absolutamente distintas como el sometimiento a trata y el ejercicio de la prostitución a secas.Justamente, una de las cuestiones sobre las que hubo consenso en las jornadas ya referidas es que dicha confusión termina perjudicando casi exclusivamente a las personas en situación de prostitución o víctimas de trata y no así a quienes sacan provecho de ello.

3. Como decía antes, se encuentra vigente la Ley Nacional de Profilaxis que explícitamente prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución. La pregunta que creo que hay que formularse es por qué, a pesar de tener una ley vigente tan contundente, esos locales funcionan tan normal y naturalmente. Nuevamente, hablo de la Capital Federal, dando una vuelta por ciertas calles céntricas se puede verificar que los locales existen a pesar de la prohibición. Cualquier respuesta que intente darse al respecto debe contemplar la corrupción policial y política alrededor de la cuestión.

4. El Estado debe diseñar políticas que contemplen la diversidad de situaciones, y para hacerlo debe escuchar a quienes estarán alcanzadas por dichas políticas. Si bien el Gobierno Nacional viene implementando programas de intervención muy cuidados, en la Ciudad la política que impera es la represiva-punitiva exclusivamente. De hecho, durante el año 2011 se han labrado 5.000 actas contravencionales por supuesta violación del art. 81 que sanciona la oferta y demanda de servicios sexuales en lugares no autorizados, de las cuales más del 90% han sido archivadas sin trámite judicial alguno por el Ministerio Público Fiscal. Esto demuestra que, a pesar de la exigencia legal vigente de monitoreo y contralor por parte de los fiscales de la Ciudad para el labrado de actuaciones, la Policía Federal sigue actuando como lo hizo siempre, hostigando a las mujeres y travestis en la vía pública, no así a los requirentes de servicios sexuales. Esa es una de las
políticas contra las que queremos luchar desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Ciudad. CONTINÚA

Mujeres por Igualdad de Derechos Escobar