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Prostitución: un debate que no está cerrado - 4º parte

PROSTITUCIÓN
CONTINUACIÓN: Dos dirigentes de organizaciones que defienden los derechos de las prostitutas y dos académicas especializadas en el tema debaten acerca de si el comercio sexual es una actividad laboral como cualquier otra. Se excluye, por supuesto, la situación aberrante de las mujeres víctimas de las redes de trata. La discusión pasa por entender cuáles son las mejores políticas públicas para aquellas que eligen este camino. ¿Eligen? ¿O es humillante y sólo conlleva violencia de género? // MIRADAS AL SUR - Por Francisco Yofre (16/12/2012)

Pregunta 1: ¿Considera que la prostitución es un trabajo?
Pregunta 2: ¿La visibilización mediática de los casos de secuestro, trata y explotación sexual obstaculiza la visibilización de la cuestión de la prostitución? ¿Cómo repercute una en otra?
Pregunta 3: ¿Qué opina de la política de cierre de whiskerías? ¿Es efectiva? ¿Por qué?
Pregunta 4: ¿Qué debería hacer el Estado como política pública respecto a las prostitutas?

Trabajo sexual y autonomía de las mujeres

Carolina Justo von Lurzer y Cecilia Varela.
(CONICET/UBA)


1. El debate es de difícil resolución y se centra en modos diferentes de representación de la sexualidad y la autonomía femenina. Las perspectivas feministas a las que suscribimos, reconocen a partir de la experiencia de construcción de organizaciones de trabajadoras sexuales, que la oferta de servicios sexuales puede ser el producto de una decisión autónoma. Esto no obsta contemplar que en muchos casos esta decisión se produce en el marco de desigualdades de clase y género cuya vía de resolución se encuentra en demandas de derechos al Estado y no en la restricción o eliminación de las elecciones personales. Vemos con preocupación que se identifique a priori una verdadera autonomía femenina, la cual excluiría de antemano determinadas decisiones, tales como la de ofrecer servicios sexuales. Desde nuestra perspectiva, se trata de garantizar los derechos de las mujeres a migrar, a trabajar y a comprometer el propio cuerpo en la oferta de servicios sexuales si así lo deciden. En este complejo debate, es necesario escuchar las voces de las involucradas y devolver al terreno de la política y el debate feminista, lo que el derecho penal difícilmente pueda resolver.


2. La visibilización del delito de trata con fines de comercio sexual ha sido de crucial relevancia y ha puesto sobre el tapete situaciones de extrema vulneración de derechos que requieren una inmediata intervención del Estado. Sin embargo, el riesgo eventual de esta hipervisibilización es la construcción de modos estereotipados de representación del mercado del sexo y el trazado de asociaciones directas entre el delito de trata y la prostitución. Es necesario reconocer la heterogeneidad de las modalidades de inserción y
permanencia en el mercado del sexo, las cuales no responden necesariamente en todos los casos al modelo de la mujer secuestrada por organizaciones criminales. Por ejemplo, es necesario tomar en cuenta que el 43% de los procesados por delito de trata (vinculados a comercio sexual) son mujeres, lo cual representa aproximadamente cuatro veces más que las mujeres con sentencias condenatorias en todos los delitos. Este alto porcentaje de mujeres involucradas como victimarias (casi la mitad de los casos) se comprende si atendemos a las características de las redes de ilegalidad asociadas al mercado del sexo, atravesadas por relaciones de parentesco y organizadas a través de una división sexual de las tareas. Muchas mujeres que se insertan en el mercado facilitan contactos dentro de su red de parientas y conocidas (convirtiéndose para el dispositivo judicial en “reclutadoras”), o realizan tareas de supervisación (convertidas en “regenteadoras”). Así, el riesgo principal de atender a estos problemas únicamente a través de la perspectiva penal, es la reducción de una trama compleja atravesada por distintas relaciones de desigualdad y subalternidad, a una relación individual y rígida entre víctima y victimario, entendidos como sujetos dotados de intencionalidades precisas.

3. En ausencia de marcos legales que protejan a las mujeres que deciden ofrecer servicios sexuales por cuenta propia –sea individual o colectivamente– y existiendo normativas que penalizan la oferta pública de sexo, el riesgo de la política de cierre masivo de whiskerías es profundizar la clandestinización de la actividad. Es necesario dar cuenta de que la oferta de servicios sexuales se encuentra regulada por un conjunto de normativas supranacionales, nacionales y locales que son contradictorias entre sí y ubican a los
sujetos de la actividad en un espacio de confusión y arbitrariedad. La prostitución en la Argentina no es un delito, lo que constituye un delito es la explotación de la prostitución ajena –el proxenetismo– y también la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, quienes ofrecen servicios sexuales en la vía pública son objeto de códigos contravencionales que criminalizan la actividad y tampoco pueden ofrecer sus servicios a través de medios gráficos en virtud del decreto 936/11 que prohíbe su publicación. Es decir, si bien
normativamente nuestro país penaliza la explotación de la prostitución ajena y no el ejercicio de la prostitución, en la práctica cada vez se encuentran más restringidas las posibilidades de las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Cabe aclarar que la Argentina suscribió en 1951 a la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, que implica el compromiso del Estado con la eliminación de las condiciones que conducen a la prostitución –entre ellas, las desigualdades en el acceso a derechos sociales marcadas también por género–, pero esto, por supuesto, no interfiere con el derecho de las personas a optar por ofrecer servicios sexuales de modo autónomo.

4. El Estado debería, en primer lugar, escuchar las demandas de las organizaciones de trabajadoras sexuales en un doble sentido: respecto de las consecuencias de las intervenciones punitivas y del reconocimiento de los derechos laborales. En relación a las intervenciones punitivas, es apremiante y además es un punto de coincidencia tanto entre las trabajadoras sexuales cuanto entre las mujeres en situación de prostitución, la derogación de los códigos contravencionales y de faltas que rigen en diferentes ciudades del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires. Estas normativas no sólo se contradicen con legislaciones nacionales sino que colisiona con laConstitución. Constituyen, además, el fundamento para diversos abusos y apremios por parte de las fuerzas de seguridad. En relación a los derechos laborales, en tanto la prostitución no constituye un delito y sí constituye una realidad cotidiana para un conjunto mujeres, varones y trans que optan por ofrecer servicios sexuales como forma de sustento económico, el Estado debe garantizar condiciones laborales –de salud, seguridad, servicios sociales y previsionales– igualitarias. Es fundamental que se diseñen modalidades asociativas –cooperativas u otras– que permitan a quienes ofrecen servicios sexuales asociarse sin correr el riesgo de ser, por ejemplo, imputados y/o extorsionados en calidad de proxenetas de sus compañeras/os por las fuerzas de seguridad. CONTINÚA

Mujeres por Igualdad de Derechos Escobar
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